LOS HALAGOS DE CLARIN

Últimamente La Nación y Clarín se deleitan hablando de los militantes kirchneristas, y publicitan a la Cámpora como ningún otro espacio. A veces hasta parecen amigos. El otro día me sorprendió gratamente una nota de Clarín. Y es que no entendí si pensaron que nos afectaban con los datos que nos benefician, o de tanto hablar mal del oficialismo, ya no saben qué nos perjudica y qué no.
La nota se titulaba “Plan de lucha. Los tercerizados, el día que mataron a Mariano Ferreyra”, por Antonio Rossi, publicada el 23/04/11. La nota se refería a la disputa existente entre agrupaciones de la “izquierda” tradicional y el gobierno en torno del tipo de contratación laboral. Según el periodista, el gobierno quería “quitarle a los sectores de izquierda la principal bandera que levantan con la situación de los tercerizados”. El planteo es de por sí ridículo. Si una organización pide aumento de salarios, y el Estado lo da, eso es una política de Estado y, en todo caso una victoria de la lucha de los trabajadores, no es un quite de banderas.
En realidad, la nota hacía este planteo para avanzar sobre lo que realmente preocupaba al periodista: cada vez más fondos del Estado van a la contratación en planta permanente de los trabajadores tercerizados. Por supuesto, para la mirada del monopolio esto nunca podría interpretarse como una política de Estado: aumentar y mejorar la calidad de los asalariados, sino que tienen que procesar la información de modo que les sea políticamente redituable, insertando las medidas tomadas en la lógica que quieren instalar de las decisiones que dicen que tiene Cristina... Ella imparte órdenes por rencores personales y ataques del momento, y no porque son parte de un proyecto nacional, popular y largo placista.
El Gobierno viene entonces esmerándose desde el Ministerio de Trabajo por resolver los conflictos laborales pendientes. Pero desde la izquierda niegan lo obrado por el Estado, y desde Clarín se lo demoniza. Por ende, desde distintas miradas, volvemos a tener en un punto más al trostkismo de la mano de la derecha, contra un Gobierno popular.
Vayamos a los datos de Clarín, para que no se sospeche de los datos oficiales –resulta que el problema no es el INDEC, sino cualquier estadística que no los favorezca-. Según el monopolio, “(el Estado) ya pasó a planta permanente –en lo que va del año- a 3.168 trabajadores que pertenecían a distintas empresas contratistas de las concesionarias ferroviarias.” Sin entrar en el debate pachecosolanista de si deben estatizarse o no los trenes –haciendo un esfuerzo enorme para evitar cualquier ironía al respecto del señor mencionado- el Estado tiene puestos en los servicios ferroviarios grandes sumas de dinero en concepto de subsidios, a lo que se suman 16.1 millones de pesos mensuales para el pago de los sueldos, a causa de las efectivizaciones laborales.
Desde principios de enero hasta la última semana previa a la nota –de nuevo, todos son datos del monopolio- han pasado a planta permanente:
1659 personas en la línea Roca
575 personas en la línea San Martín
475 personas en la línea Belgrano Sur
345 personas en la línea Sarmiento
132 personas en el Belgrano Cargas.
Creo que lo único que quedaría es citar el final de tan brillante nota: “Lejos de concluir, el proceso de efectivización promete seguir avanzando. Ya estaría cerrado un acuerdo para que el Estado absorba a otros 400 tercerizados de la línea Belgrano Norte.
Despúes, seguirían los contratados de Metrovías (la operadora de los subtes y la línea Urquiza) y de las ferroviarias de cargas. Según los cálculos en juego, la nueva “ola” de tercerizados agregaría entre 2.000 y 2.500 nuevos empleados al Estado.”

El decreto de Clarín II.

Seguimos con la historieta...solamente para mantenernos actualizados...
El jueves 14 yo había publicado en este blog la noticia del decreto que firmó
Macri, mediante el cual incluía penas de arresto y multas en el código Contravencional para quienes “convoquen, organicen o apoyen logísticamente” el bloqueo de diarios.
Además de violar el proceso legislativo y la división de poderes, se vulneraba el derecho a la protesta y la manifestación de los trabajadores, a directo pedido del monopolio. Por suerte existen jueces que no se olvidan del por qué y para qué de su función. Gallardo es uno de ellos, y realmente tiene un prontuario que se destaca. El jueves pasado el mencionado magistrado suspendió el decreto del Jefe de Gobierno. Lamentablemente el tema queda ahora en manos del Superior Tribunal que, a diferencia de lo que ocurriera con la Corte Suprema de Justicia, todavía continúa con resabios de los años ’90.
Todas las fuerzas opositoras al menemismo –perdón, al macrismo- apoyaron la resolución del juez. La medida cautelar fue dictada tras un recurso que interpusieron los abogados Corti, Tavani, Churin y Teszkiewicz. En los fundamentos del DNU, el niño Mauricio fue claro, y manifestó que el decreto era consecuencia de las protestas gremiales que afectaron la salida de los diarios Clarín y La Nación.
Una de las declaraciones que me pareció que vale la pena mencionar, es la que realizada por el legislador porteño “Tito” Nena, del Encuentro Popular para la Victoria, quien dijo que Macri “quiso perseguir con el Código Contravencional a los trabajadores que se organizan gremialmente en las empresas periodísticas, pero le salió mal (...) la Justicia le está diciendo a Macri que los códigos de la Ciudad y la Policía Metropolitana se deben usar para proteger a los porteños y no para perseguirlos cuando de lo pide Clarín.” Más claro, échele agua. El día de mañana puede que el asunto sea tratado en la legislatura porteña.

Los derechos humanos siguen siendo bandera

Hay como una especie de olvido en cuanto al tema de los derechos humanos en la sociedad. Lo derecha hace ver que lo único que se hizo fue avanzar en el juzgamiento a represores por una cuestión de rencor personal del ex Presidente Néstor Kirchner y la actual Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La izquierda tradicional plantea hechos aislados de represión policial para minar los logros del gobierno en la materia. Por más que dichos hechos sean repudiables, no por eso el Gobierno ha dejado de avanzar sin prisa y sin pausa en saldar las deudas sociales que aún tenemos. Y hoy en día, aún seguimos avanzando en la institucionalización de los cambios ya logrados.
La última medida que quisiera destacar es la que tomó la ministra Nilda Garré, con su resolución 167, mediante la cual modificó el nombre de 3 escuelas de Policía: la Escuela de Cadetes Ramón L. Falcón, la Escuela Superior Cesáreo Ángel Cardozo, y la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes Alberto Villar. ¿El motivo? Falcón ejerció a principios del S XX reprimiendo los alzamientos de los obreros. Cesáreo Cardozo asumió como jefe de la Policía Federal tras el golpe de Estado 1976, y es considerado como uno de los ideólogos de la represión. Alberto Villar fue uno de los organizadores de la Triple A, que actuó durante el gobierno de Isabelita.
Según la acertada resolución de la Ministra, “en el caso de las instituciones formadoras de policía resulta pertinente que sus denominaciones se relacionen con la trayectoria de personas que han contribuido con su accionar a proteger la vida, las libertades, los derechos y las garantías de los ciudadanos.” Por este motivo, las tres pasarán a tener los nombres: Juan Ángel Pirker, Enrique Fentanes y Enrique O’Gorman, respectivamente. Los tres fueron policías que abogaron por el respeto a los derechos humanos y a las instituciones democráticas de la Nación.

Hasta parece chiste...¿será?

Tras haber saltado al estrellato tras su voto no positivo, el vicepresidente ha elegido jugar en las sombras. Quizás por perfil bajo, quizás por ineptitud para saber cosechar su breve triunfo, Cobos es de esos personajes que alguna vez brillaron en Operación Triunfo o Gran Hermano, y que cada tanto reaperecen en algún programa de chimentos sin que nadie entienda por qué sigue teniendo espacio en cámara. Por suerte para nosotros, dicho sea de paso.
Pero quisiera solamente a unas breves frases que lanzó en un acto respecto de su posible candidatura y que publicó Página 12, y que, sinceramente, no puedo dejar de postear: "Insistió en la idea de no ser “mezquinos” y buscar acuerdos con otras fuerzas opositoras. Pero aclaró que “hay que ser muy claros con la ciudadanía y señalar: nosotros constituimos un frente electoral, pero gane quien gane las elecciones, acá se va a respetar una política de seguridad, una de educación, un rumbo económico, una política internacional definida para que Argentina sea creíble y ganaremos confianza en el exterior”.
Sin palabras...

UNA CONDENA MAS..OTRO PASO ADELANTE.

En el día de ayer, tras años de impunidad, fue condenado el represor Luis Abelardo Patti. Su condena se concretó en un juicio en que también resultaron condenados Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez.
Todos recibieron la pena de prisión perpetua e inhabilitación perpetua más accesorias legales, y pago de costas. La única condena diferente fue para Meneghini, quien fuera comisario, y contra quien no se encontraron suficientes pruebas. Estará en prisión por 6 años.
Los represores fueron condenados por los secuestros, aplicación de tormentos y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto; el secuestro, aplicación de tormentos y tentativa de homicidio de Juan Fernández, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención ilegal de Osvaldo Arriosti.
Según publicó Página 12, Manuel Gonçalves, hijo de una de las víctimas, explicó uno de los elementos que hacen de este juicio, uno particular: “Siendo uno de los protagonistas del avasallamiento de la democracia, Patti usó las instituciones para sostener su impunidad. Tuvimos que trabajar el doble que en otros casos. Nos insultaba a todos queriendo ostentar cargos públicos. Y no hay que olvidarse que sus alianzas políticas, por ejemplo con el duhaldismo, llegan hasta hoy”. A partir del fallo, Patti dejará de tener su internación en el FLENI –debida a un accidente cerebrovascular de dudosa veracidad-, y pasará a continuar su internación en prisión.
Las condenas para todos son en cárcel común.
Desde hoy la justicia se anota otro punto a favor. Y el Gobierno que lo hizo otro posible, se merece un nuevo reconocimiento.

CORDOBA, SALTA Y... ¿CHUBUT?

El Superior Tribunal de Chubut no validó 3 urnas de Comodoro Rivadavia. Sumadas éstas a las dos que ya habían tenido la misma suerte –una de Puerto Madryn y otra de Camarones- conforman 5 mesas totales que obligarían a convocar a elecciones complementarias.
Desde el 20 de marzo que fuera la elección hasta hoy, nada puede destacarse ni de los comicios ni de los resultados. La provincia es chico, y tiene una representación muy pequeña en el padrón nacional. De todos modos se ponían en juego algunos detalles no menores en vistas a octubre: por un lado, Das Neves había atado su suerte política al resultado que obtuviera en su propia provincia. Por otro, marcaba una tendencia que afectaba, no por cantidad de votantes, pero sí por las pocas definiciones opositores en un tiempo que cada vez es menor.
Los seis miembros que componen el juzgado votaron de forma unánime para las 3 mesas – la 1127, la 507 y la 531-. De esta manera se vuelven a poner en juego 1700 votos, que pueden dar vuelta una victoria de Das Neves de tan sólo 401 votos. Consideremos que si bien la elección ya está manchada, y cualquier resultado será víctima de la duda de hoy en más, el mamarracho del recuento es un costo político claro para este sureño con sueños de grandeza.
Aún quedan 5 mesas cuya suerte será definida la semana que viene, y luego el TEP definirá si convocarán a nuevas elecciones o no. Según el apoderado nacional del PJ, Jorge Landau, en diálogo con Página 12, “La jurisprudencia determina que cuando la diferencia pueda cambiar el resultado del comicio, la complementaria debe hacerse.”

SEGUIMOS AVANZANDO

El Congreso votó y convirtió en ley la incorporación de la figura de “Desaparición Forzada de Personas” en el Código Penal. Esta nueva ley es un gran avance para nuestro país, y nos pone, por un lado, como pioneros en materia de derechos humanos, ya que es una figura legal sin precedentes a nivel internacional. Y, por otro lado, nos permite seguir avanzando en la defensa de los derechos humanos, y en el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Página 12 publicó hoy al respecto, que esto tiende a solucionar complicaciones en juicios pasados, dado que para juzgar “por ejemplo a (Antonio Domingo) Bussi y (el sacerdote confesor de la bonaerense, Christian) Von Wernich los jueces debieron apelar a otras figuras penales, ya que no existía una categoría específica para la desaparición forzada”.
Aunque pudiera verse a esto como un mero recurso legal del que se podrá disponer de hoy en más en los juicios, lo cierto es que es una medida que tiene un alcance que va más allá de su aplicación específica. En primer lugar, crea una nueva categoría que da reconocimiento legal al "desaparecido". Esto es aceptar una parte de nuestra historia para darle un lugar en nuestro sistema jurídico. Adaptar el código penal a las nuevas necesidades que imponen la sociedad y los hechos históricos, suplantando el hermetismo de la Justicia al paso del tiempo. En segundo lugar, se plantea como un nuevo impulso en este proceso que plantea el Gobierno de institucionalizar los avances y el progreso en materia de derechos humanos, que nos permite hoy seguir actualizando la legislación pertinente para poder saldar las deudas del pasado.
A su vez, esta nueva legislación establece la no prescripción del delito “hasta tanto la persona sea hallada o restituida su identidad”. Según establece el primer artículo del proyecto, se “impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada al funcionario público o la persona o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando ese accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o informar sobre el paradero de la persona”. En el caso de que se libere a la víctima con vida o se proporcione información que permita su aparición, la pena puede reducirse a un tercio del máximo y la mitad del mínimo, y por el contrario, en el caso de que la víctima resultara muerta, o fuera discapacitada, embarazada, o persona mayor de 70 años, la pena será de prisión perpetua.
157 votos convirtieron en ley este proyecto. Todo el Pueblo lo aplaude de pie.
¡Con Cristina seguimos avanzando!

El decreto de Clarín.

Clarín ha conseguido en estos días legislar mediante decretos en la ciudad. Hoy en día, el diario opositor al Gobierno Nacional está intentando avanzar por la única vía que le queda: el jefe de Gobierno.
Desarmada la oposición, sin poder acordar un solo proyecto en el Congreso, y sin lugares de poder, al monopolio le resulta sumamente necesario recurrir al único bastión donde todavía cree poder hacer cierto daño. Sin poder escudarse en una justicia que lo condena por no acatar los fallos, ni en un Gobierno que ya no está al servicio de sus intereses, Macri se convierte hoy en la única figura dispuesta a poner su cargo a disposición de sus intereses.
El estatuto de la ciudad (artículo 103) prohíbe legislar mediante decretos de necesidad y urgencia. Mauricio Macri sin embargo, incluyó en el Código Contravencional mediante un DNU penas de arresto de hasta 10 días, y sanciones que llegan a los 50 mil pesos a quienes "convoquen, organicen o apoyen logísticamente" el bloqueo de diarios o amenacen a periodistas.
No sólo es inadmisible esta medida por la forma en que fue tomada, sino que además ignora la inconstitucionalidad de legislar en materia penal por parte del Gobierno la Ciudad, responsabilidad que sólo le cabe, justamente, a los legisladores.
Otra cuestión a destacar en este sentido es que, como dijera Tomada, “se crean dos clases de trabajadores, los que tienen derecho a la protesta; y los gráficos, de diarios y de televisión, que no lo tienen". Este decreto no sólo es una vergüenza y carece de sustento, sino que además avanza directamente en el atropellamiento de la división de poderes –de la que tanto habla la oposición, evidentemente cuando le conviene-. A pesar de la obviedad de que una medida así no puede prosperar, es difícil saber qué pasará, por la desesperación de la oposición y la mayoría que tiene la derecha en la legislatura de la ciudad. Una vez más, Macri se maneja en los límites de lo legal y lo legítimo, amparado por los grupos de poder. Es hora de que, tras tantos atropellos, este año los/las ciudadanos/as de la Ciudad de Buenos Aires elijan otra alternativa.

Felicitaciones al Pueblo Uruguayo!!!!!!

En el día de ayer, el Senado de Uruguay aprobó en el Senado por 16 a 15 un proyecto que dejaría sin efecto a la Ley de Caducidad, que es similar en efecto a lo que fueron aquí las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La modificación de la Ley terminaría con 25 años de impunidad de los represores de aquel país, que actuaron durante la dictadura que gobernó entre 1973 y 1985.
El Frente Amplio ya había logrado, en octubre del año pasado, que la Cámara baja aprobara el proyecto, que modifica la Ley de Caducidad dejando sin efecto tres de sus artículos. Ahora la Camára de Diputados tendrá que ratificar los cambios en una nueva votación.
Lamentablemente la medida se aprobó con un acotado margen (1 voto), aunque se da por seguro que en la votación de diputados no habrá problemas para aprobar finalmente el proyecto. Hacia adentro del Frente Amplio hubo divisiones en los votos, contradicciones internas que llevaron por ejemplo a que Eleuterio Fernández Huidobro, definiera su renuncia tras la votación a favor: dado que la mayoría del partido votaba esta medida, él se sumó a la voluntad del mismo, pero mostrando sus diferencias con aquella decisión. Es que en realidad, se habían realizado en Uruguay dos plebiscitos al respecto de la nulidad de la ley. En 1989 y en 2009 se sometió a votación popular si debía o no anularse la Ley de Caducidad. En ambas circunstancias el resultado fue negativo, motivo por el cual Huidobro interpretó que la voluntad popular era distinta a la del Frente Amplio, y decidió alejarse.
Si bien podemos discutir hasta qué punto el Congreso debería votar una ley que no fue avalada en dos plebiscitos, es más certero empezar por preguntar hasta qué punto puede el Congreso uruguayo tolerar una legislación que garantiza impunidad a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Esta votación será histórica entonces por la respuesta que da a ambas cuestiones. Por un lado, el Congreso tiene la obligación de legislar. Esa legislación no puede violar los derechos que tiene la ciudadanía de tener justicia por los crímenes cometidos en la dictadura. Es incomprensible que sostenga una ley que se opone a la Constitución de su país, y a los tratados internacionales que firma. El Congreso responder al Pueblo, y si no lo hizo en su momento, ni la justicia ahora, deben ser entonces los representantes de hoy quienes “enmienden” las violaciones pasadas.
Por esto justamente, es fundamental no enredarse con el discurso de la oposición, de lo que fue o es la voluntad popular expresada mediante plebiscito. Si bien es cierto que a primera vista y lectura rápida podría "hacer ruido" el hecho de que dos expresiones de la ciudadanía hayan sido contrarias a lo que hoy en día sale como resultado del voto de los legisladores, erróneo es considerar, analizando la situación, que los mismos desoyeron al Pueblo. Es importante tener en claro, como decía más arriba, que la función del Congreso es clara, y no es transable. El Pueblo puede opinar, y puede decidir en elecciones. Puede estar en contra o a favor de algo, y actuar en consecuencia. Debe tener dirigentes que escuchen su palabra y acaten su mandato. Sin embargo, no puede ser esto excusa para que quienes construyen los pilares sobre los que se asienta la legislación, ignoren lo que la Constitución, las leyes nacionales, y los tratados internacionales, mandan.
Este supuesto debate moral, que en realidad no es más que un simple divague funcional a los intereses de los represores, tiende a llevar a la confusión en que muchos se han trabado a lo largo de la historia. Puede que el Pueblo se equivoque, y aún cuando lo haga, él es el único que gestará su destino. Pero equivocado o no, los representantes del Congreso son elegidos para tomar decisiones, y deben hacerlo aún cuando haya sectores que no las avalen en un determinado momento. A lo que nunca pueden renunciar quienes legislan, es a hacer su trabajo conforme a los supremos intereses del Pueblo y de la Nación. Sin un cambio cultural que vaya acompañando la revolución, siempre habrá más de una persona que se quede atada a los vicios del pasado, a las mentiras del neoliberalismo, a las excusas imperialistas. En general hemos tenido problemas porque las leyes han estado siempre atrasadas respecto a las necesidades de la ciudadanía. Ayer, Uruguay enmendó en parte ese error, y debe seguir en el mismo camino, a fin de garantizar una justicia que esté al servicio de todos, que no ampare a los represores, y que se ponga al frente de las batallas en un pueblo que todavía tiene muchas discusiones que saldar. Quienes son elegidos por el voto popular, deben tener la capacidad de ponerse al frente de un proceso revolucionario, de forzar agenda, de profundizar el modelo de país que propusieron cuando fueron candidatos. El que sea elegido, y quede sentado en su banca esperando que se den solas las condiciones materiales para el cambio, será un eterno observador de la historia, sin participar nunca en ella.
Reitero mi apoyo al Pueblo uruguayo y al proyecto aprobado ayer. Y espero que a partir de hoy pueda continuar su historia con la justicia que alguna vez que le negaron.

Caminante no hay camino...¿se hará camino al andar?

La oposición está unida sólo en la mención que hacemos de ella. Lo cierto, es que hoy en día el kirchnerismo tiene más de una oposición, todas por derecha y por gorilas, pero distintas al final.
Pocos gobiernos (los dos primeros peronistas, el de Néstor Kirchner, y éste) han sabido poner a la oposición en tan grandes problemas. Y es que la derecha argentina, a diferencia de otras derechas, no es nacionalista. No tiene un plan de país, no tiene un proyecto. Y nunca lo tuvo. Vendida desde antes de nacer a los intereses imperialistas, lo único que le queda claro es de quién depende para su supervivencia.
Y en los desvaríos de los lacayos todos se escudan sobre la única excusa que puede no dejarlos en evidencia aún: si la Presidenta no define su candidatura, ¿porqué tendrían que hacerlo ellos? La respuesta no es objetiva, sino simplemente de opinión: Cristina, aún cuando falten meses para las elecciones, tiene un panorama claro de alianzas, enemigos, y herramientas con las que cuenta., mientras que la oposición no cuenta con nada de eso, ni siquiera con una aceptación social que le permita medir en las encuestas.
Lo cierto es que todos los partidos dependen de las definiciones de los otros, puesto que ni siquiera pueden cerrar a sus propios candidatos si no saben qué espacio van a representar. ¿Cómo podrían GEN y el Partido Socialista definir una alianza con la UCR sin saber si su candidato es Sanz, Alfonsín o Cobos (discusión aparentemente ya saldada)? ¿Y cómo definir sus propios candidatos si no saben si van con la UCR o con Proyecto Sur? ¿Y si la UCR se uniera con el Peronismo Federal, cómo quedaría el marco de alianzas? ¿Cómo define Pacheco Solanas si va por la Capital Federal o la presidencia, si no sabe si tiene que supeditar o no su candidatura a la de Binner?
Lo que queda claro es que hasta ahora e increíblemente, Macri tiene razón por primera vez en su vida: deben juntarse en una mesa y dialogar. Tarde han llegado, sin embargo. Ya a esta altura ningún espanto unirá a la oposición toda. Quizás a algún sector que, aún cuando lograra armar un proyecto común, no sería más que con fines electorales. Por más tiempo que haya pasado, los recuerdos del fracaso de la Alianza están frescos. El peronismo –y el yrigoyenismo antes- son los únicos movimientos que han logrado agrupar a diferentes sectores en pos de un proyecto, en apoyo a algo, y no contra algo, como dijera Cristina que sucede ahora nuevamente. Y ése es un capital que ningún opositor está pudiendo tener.

Las idas y vueltas de Pino y un espacio que no se encuentra

Estando tan cerca las primarias abiertas, no deja de comentarse lo que ya se obvio: los candidatos opositores están jugando al “juego de las sillas”, al ritmo que marca el gobierno. Sin nada cerrado, el que quede sin sentarse cuando pare la música queda afuera. Para no ser menos, el pinosolanismo da vueltas sin saber con quién jugar. Al ser consultado, Pacheco Solanas sigue mostrando intenciones de ser candidato a la presidencia, pero habiendo tantos actores en juego, no puede más que dejar abierta la posibilidad de reducir sus aspiraciones a la Capital Federal.
El GEN y el Socialismo serían los principales aliados, pero estos se muestran más interesados en cerrar un espacio con los radicales, de los cuales Sanz parecería estar considerando la posibilidad de juntar listas con el Peronismo Federal. El tema es que, si el radicalismo cierra con GEN y el Socialismo, entonces Proyecto Sur queda fuera del arreglo. Si en cambio eligen a este último espacio, pierden la posibilidad de armar un frente con un partido que no sólo tiene posibilidades reales, aunque pequeñas de disputarle poder al oficialismo, sino que además quedarían al margen en una elección donde claramente el bipartidismo se impone.
Marcando la posibilidad de que Pino se presente en la ciudad, Proyecto Sur juega a su candidato seguro en un espacio donde podría conseguir más que apostando al todo o nada en las presidenciales. Y apura a Hermes Binner y a Stolbizer a cerrar un acuerdo, obligando al primero a definir su candidatura para la Casa Rosada. Un dato más, si bien buscarían conformar un espacio amplio, otros sectores que conforman Proyecto Sur, como el del ex PRT Humberto “veleta” Tumini, no encontrarían en este marco un espacio donde asentarse. Sus máximas aspiraciones son hoy candidatos sueltos en las comunas, y la esperanza de hacer entrar uno o dos diputados. Si Pino Solanas se presenta para Jefe de Gobierno, los que venían atrás también deberán bajar algunos escalones en sus aspiraciones.
Si bien hasta ahora cada partido tiene sus “mínimas” exigencias en cuanto a alianzas que de seguro no aceptarían, esto es política, y como me gusta decir a mí, cada cual atiende su juego. Todos están tratando de patear definiciones hasta el último momento, pero lo cierto es que cuanto más demoren, mejores chances tiene el oficialismo, y más se evidencia en la “gente” la falta de una estructura y una propuesta seria opositora. Hoy en día, por más acuerdo que se arme, queda a la vista el apuro con el que corren los distintos espacios para parar una alternativa electoral y coherente, y la dificultad para conformar una unión que deje algo más a futuro que la cruel idea de una nueva “unión democrática”.