Ley de Quiebra del Estado

La semana pasada se aprobó en el Congreso de la Nación, una ley que establecía la aplicación del 82% del salario mínimo, vital y móvil como base para el pago de las jubilaciones. Esta ley fue vetada por la Presidenta Cristina Fernández. Empezamos por destacar, en principio, que es un error denominar a la ley como “ley del 82% móvil”. Como supo manifestar Cristina en su discurso, esta fue una Ley de Quiebra del Estado.
¿Cómo surge en los últimos tiempos este pedido con fuerzas renovadas? ¿Por qué adquiere el apoyo de sectores de izquierda y derecha en el Congreso? ¿Por qué no hubo movilizaciones masivas en su defensa? ¿Por qué la vetó la Presidenta? Para analizar el desenlace, debemos ante todo analizar el inicio de este debate. El pedido de regular las jubilaciones en base a este porcentaje, es un reclamo histórico de la izquierda tradicional. Mal empleado en este momento, puesto que se planteó con énfasis en la época en que mejor están cobrando los jubilados, y que más aumentos han recibido. Lo que variaron las jubilaciones mínimas, es mucho más de lo que lo hubieran hecho con el régimen del 82%. Esa cifra de 82% es tan tradicional, que ni siquiera fue analizada por quienes la presentaban, y ese fue un punto que también destacó Cristina. Si es por pedir, nosotros pedimos el 100%. El reclamo se hace, básicamente, porque es el único que logró unir a todo el arco opositor.
La derecha más retrógrada se unió al reclamo porque obtendrían algunos beneficios. Se subirían a un pedido progresista, y la ley aprobada tendría dos consecuencias positivas (a diferencia del voto de Cobos):
- La segunda victoria del grupo A en el Congreso (la primera fue Victoria Donda);
- el veto presidencial, que asumían como un costo político para la Presidenta.
Pacheco Solanas tuvo la oportunidad allí de dar gala de su única habilidad: votar con la derecha, “disimuladamente”. Se sentó en su banca permitiendo el quórum. Queriendo posicionarse (infructuosamente por el momento) como una tercera opción, desligada del bipartidismo, no podía seguir permitiendo la inexistencia de una victoria opositora. El kirchnerismo recuperó agenda, y la oposición ni siquiera puede ponerse de acuerdo para sesionar. Ahí Pacheco jugó un papel clave. Dio el quórum necesario, desligándose luego del hecho, absteniéndose en la votación. Lo cierto es que el resto de los diputados de su bloque: Lozano, Donda, Merchán, votaron afirmativamente el proyecto de quiebra del Estado.
La falta de financiamiento del proyecto no es un dato menor, ni un capricho que reclama el oficialismo. Imagínense si se hubiera hecho lo mismo en una iniciativa del Ejecutivo!!! Las propuestas de otros sectores fueron vacías y poco analizadas, pero por sobre todo vanales: el espacio de Sabatella finalmente no fue a sesionar (coherente con sus planteos de centro izquierda), y el de Pacheco votó igual el mamarracho que se presentó. La ANSES hubiera quedado en quiebra de tener que cumplirse la ley, por ende la derecha hubiera logrado su objetivo último de volver a hacer necesaria, en todo caso, la privatización y el retorno de las AFJP. En este marco, los primeros artículos del proyecto también obligaban al Estado a desinvertir, pero un monto mucho mayora l que se le pidió a Clarín con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en el plazo de un mes…una ridiculez sobra la cual se le consultó a Stensoro, y ella se quedó sin palabras: “es una respuesta que tendría que pensar…”
El proyecto fue promovido entonces sabiendo que era imposible de financiar. En este sentido se buscó lucrar con el veto presidencial. Este no tuvo eco, puesto que el aval social que tuvo el proyecto fue nulo, o marginal. Y encontró otra vez a la derecha de la mano con la izquierda tradicional argentina (un constante sin excepciones, para deleite de los matemáticos). Lo otro que se buscó fue el desfinanciamiento estatal. Lo destacable de esto, es que un partido opositor, que espera gobernar en 2011, no promovería una ley que lo deje sin recursos. Por ende, es válido deducir que la oposición nos vislumbra ganando nuevamente las elecciones presidenciales.
El veto de Cristina, lejos de augurar una política de ajuste o de derecha, vela por los intereses de todos los argentinos. Este veto se dio en una materia en que el Estado ha actuado en un sentido más que progresista, y lo que hace es preservar sus fondos para seguir sosteniendo políticas públicas en favor de los que menos tienen. Más que un costo político para el Ejecutivo, la sanción de esa ley demuestra hasta qué punto pueden llegar los opositores en un desesperado intento por reducir la gran ventaja que les viene sacando el oficialismo en todos los sentidos…