En el día de ayer, el Senado de Uruguay aprobó en el Senado por 16 a 15 un proyecto que dejaría sin efecto a la Ley de Caducidad, que es similar en efecto a lo que fueron aquí las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La modificación de la Ley terminaría con 25 años de impunidad de los represores de aquel país, que actuaron durante la dictadura que gobernó entre 1973 y 1985.
El Frente Amplio ya había logrado, en octubre del año pasado, que la Cámara baja aprobara el proyecto, que modifica la Ley de Caducidad dejando sin efecto tres de sus artículos. Ahora la Camára de Diputados tendrá que ratificar los cambios en una nueva votación.
Lamentablemente la medida se aprobó con un acotado margen (1 voto), aunque se da por seguro que en la votación de diputados no habrá problemas para aprobar finalmente el proyecto. Hacia adentro del Frente Amplio hubo divisiones en los votos, contradicciones internas que llevaron por ejemplo a que Eleuterio Fernández Huidobro, definiera su renuncia tras la votación a favor: dado que la mayoría del partido votaba esta medida, él se sumó a la voluntad del mismo, pero mostrando sus diferencias con aquella decisión. Es que en realidad, se habían realizado en Uruguay dos plebiscitos al respecto de la nulidad de la ley. En 1989 y en 2009 se sometió a votación popular si debía o no anularse la Ley de Caducidad. En ambas circunstancias el resultado fue negativo, motivo por el cual Huidobro interpretó que la voluntad popular era distinta a la del Frente Amplio, y decidió alejarse.
Si bien podemos discutir hasta qué punto el Congreso debería votar una ley que no fue avalada en dos plebiscitos, es más certero empezar por preguntar hasta qué punto puede el Congreso uruguayo tolerar una legislación que garantiza impunidad a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Esta votación será histórica entonces por la respuesta que da a ambas cuestiones. Por un lado, el Congreso tiene la obligación de legislar. Esa legislación no puede violar los derechos que tiene la ciudadanía de tener justicia por los crímenes cometidos en la dictadura. Es incomprensible que sostenga una ley que se opone a la Constitución de su país, y a los tratados internacionales que firma. El Congreso responder al Pueblo, y si no lo hizo en su momento, ni la justicia ahora, deben ser entonces los representantes de hoy quienes “enmienden” las violaciones pasadas.
Por esto justamente, es fundamental no enredarse con el discurso de la oposición, de lo que fue o es la voluntad popular expresada mediante plebiscito. Si bien es cierto que a primera vista y lectura rápida podría "hacer ruido" el hecho de que dos expresiones de la ciudadanía hayan sido contrarias a lo que hoy en día sale como resultado del voto de los legisladores, erróneo es considerar, analizando la situación, que los mismos desoyeron al Pueblo. Es importante tener en claro, como decía más arriba, que la función del Congreso es clara, y no es transable. El Pueblo puede opinar, y puede decidir en elecciones. Puede estar en contra o a favor de algo, y actuar en consecuencia. Debe tener dirigentes que escuchen su palabra y acaten su mandato. Sin embargo, no puede ser esto excusa para que quienes construyen los pilares sobre los que se asienta la legislación, ignoren lo que la Constitución, las leyes nacionales, y los tratados internacionales, mandan.
Este supuesto debate moral, que en realidad no es más que un simple divague funcional a los intereses de los represores, tiende a llevar a la confusión en que muchos se han trabado a lo largo de la historia. Puede que el Pueblo se equivoque, y aún cuando lo haga, él es el único que gestará su destino. Pero equivocado o no, los representantes del Congreso son elegidos para tomar decisiones, y deben hacerlo aún cuando haya sectores que no las avalen en un determinado momento. A lo que nunca pueden renunciar quienes legislan, es a hacer su trabajo conforme a los supremos intereses del Pueblo y de la Nación. Sin un cambio cultural que vaya acompañando la revolución, siempre habrá más de una persona que se quede atada a los vicios del pasado, a las mentiras del neoliberalismo, a las excusas imperialistas. En general hemos tenido problemas porque las leyes han estado siempre atrasadas respecto a las necesidades de la ciudadanía. Ayer, Uruguay enmendó en parte ese error, y debe seguir en el mismo camino, a fin de garantizar una justicia que esté al servicio de todos, que no ampare a los represores, y que se ponga al frente de las batallas en un pueblo que todavía tiene muchas discusiones que saldar. Quienes son elegidos por el voto popular, deben tener la capacidad de ponerse al frente de un proceso revolucionario, de forzar agenda, de profundizar el modelo de país que propusieron cuando fueron candidatos. El que sea elegido, y quede sentado en su banca esperando que se den solas las condiciones materiales para el cambio, será un eterno observador de la historia, sin participar nunca en ella.
Reitero mi apoyo al Pueblo uruguayo y al proyecto aprobado ayer. Y espero que a partir de hoy pueda continuar su historia con la justicia que alguna vez que le negaron.
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