Cuando tenga la tierra.

Antes que nada, debo hacer público mi rechazo a los violentos acontecimientos ocurridos en la Provincia de Jujuy, que derivaron en la muerte de 4 personas, por inoperancia o por violencia exacerbada y consciente por parte de las fuerzas que intervinieron en el desalojo.
Por un lado, debe responsabilizarse, a mi criterio, al juez que tomó la determinación. Cualquier juez del país, está obligado a conocer el accionar de nuestras fuerzas de seguridad, y las precarias condiciones que obligan a algunos/as ciudadanos/as a ocupar tierras. No existe valor moral o ético que justifique el envío de personal armado a desalojar por la fuerza a personas que no tienen casa, techo, o comida, siendo esto responsabilidad de las autoridades gubernamentales. Sobre todo, porque se sabe de antemano que el condimento de violencia acompaña siempre a un desalojo.
Un juez que ordena determinada medida, creo yo, debería al menos hacerse presente en el lugar para ser testigo de los hechos. Por supuesto, esto no es una obligación judicial. Pero considero que es la única manera en que realmente él puede hacerse cargo de los fallos que dicta, al menos en circunstancias que exceden situaciones cotidianas y que conllevan de por sí un cuidado adicional: por la cantidad de personas que involucra, y por las tensiones constantes que intervienen. Por otro lado, estoy convencida de que el juez debería haber estado más al tanto (o sí lo estuvo, entonces más comprometido) con los acuerdos a los que se iba arribando. Supuestamente, no hubo previo aviso de desalojo, y para el día siguiente de los acontecimientos estaba pautado el cierre de ciertas condiciones de negociación entre las partes.
Como defensora de este proyecto nacional y popular, debo sostener que los actos de violencia generados en la Provincia de Jujuy merecen el rechazo, como efectivamente ocurrió, de toda la dirigencia política. La responsabilidad, aunque me duela, cabe siempre en última instancia en quienes ejercen los cargos ejecutivos, y la justicia determinará su responsabilidad. Pero nuevamente, como defensora de este proyecto, que sigue levantando como bandera la no represión de las protestas sociales, debo destacar que: primero, no se ha avalado desde ninguno de los responsables del gobierno el violento desalojo en Jujuy, ni se autorizó a actuar en ese sentido; segundo, ante los hechos sucedidos en esta ocasión, se ha procedido en igual sentido y con mayor celeridad que en ocasiones similares, al desplazamiento de los responsables del operativo, a la condena de los hechos, y a la exigencia de justicia; tercero, el gobierno, a causa de lo ocurrido, tomó las medidas necesarias para solucionar el conflicto, siendo en este caso la respuesta la expropiación de 40 hectáreas que se destinarán a la construcción de viviendas.
A todo esto, debo repudiar a título personal que el juez a cargo de la investigación de los acontecimientos sea Jorge Samman, el mismo juez que ordenó el desalojo antes de irse de vacaciones. La nota la habría caratulado como "Atentado y resistencia a la autoridad seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado, daños e incendio contra persona a establecer". No estoy, en este marco, haciendo un análisis personal del juez, ni evaluando sus capacidades de magistrado, lo cual está claramente fuera de mis capacidades, y lejos de mis intenciones. Lo que estoy tratando es de resaltar la ineficiencia que aún persiste en un sistema jurídico que permite que estas decisiones se tomen sin siquiera el control en el acto del juez que las dispone. La ineficiencia también de un sistema judicial que en lugar de pedir la resolución del conflicto brindando respuesta a sus actores, criminaliza la protesta y acusa a las víctimas poniéndolas en el lugar de victimarios. Y la ineficiencia también en la investigación posterior de los hechos, dejándola en manos de quien ha sido el responsable.
Lejos hemos llegado en estos años. Pero las políticas sociales son aún algo nuevo, y el sistema judicial, no está aún adaptado a resoluciones en este sentido. Aún los jueces que han intentado ir de la mano del Pueblo, en respeto de sus derechos y garantías, no siempre se han encontrado con condiciones adecuadas o favorables para hacer cumplir sus disposiciones.
Y sí, ante todo, está la responsabilidad de las autoridades. La Constitución dice en sus páginas que debe garantizarse una vivienda digna. Si el Estado no la provee, no puede juzgar a las personas sin asumir su responsabilidad en el proceso. Por ende, la primer resolución (fallo), entiendo yo, sería intimar a los responsables a construir, acorde con la Constitución, las viviendas necesarias para las personas en situación de calle.
El gobierno viene con la herencia lamentable de dictaduras y neoliberalismo atroz, frente a una situación muy difícil de solventar al no tener industrias en el país. Sin embargo, los últimos 8 años de gobierno kirchnerista han estado marcados por las grandes políticas sociales desarrolladas, que han permitido disminuir el número de conflictos, sus características, y por ende, eliminar la represión que se utilizaba como respuesta, con una clara convicción política de no ser esa la herramienta con que resolevr los conflictos sociales.
Debo decir que me enorgullece que la respuesta de este gobierno, sea la expropiación de tierras, y no la represión. Esto no es un justificativo, aún sabiendo que estos hechos no son casuales estando a tan poco de las elecciones, debemos reconocer que nos falta seguir en el camino elegido, pues no podemos seguir permitiendo que las faltas de los gobiernos (provinciales o nacionales), las paguen las víctimas.
Y ante estos hechos, consecuencia de la mentalidad capitalista y neoliberal de tinte animal que se ha impuesto durante tantos años, responderemos con la solidaridad y compromiso que caracterizan a este proyecto.