En el día de ayer hubo dos tratamientos legislativos que vale la pena destacar. En primer lugar, y porque personalmente lo considero el más importante, el relativo a las Fábricas recuperadas. El senado convirtió en ley las modificaciones introducidas a la ley de quiebras. El proyecto, que tuvo 47 votos positivos, 2 abstenciones, y ninguno en contra, habilita a los trabajadores a participar de manera activa en un proceso de quiebra, garantizando por un lado el acceso a la información en los mismos durante todo el proceso, y por otro su prioridad de adquisición de la empresa en quiebra con créditos laborales. Como dijera Calcagno (presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado): “estas modificaciones están a la vanguardia de la preservación del empleo. Cuando antes se pensaba que lo único que podía hacerse con las empresas quebradas era desguazarlas, acá hay una verdadera revolución cultural”.
La ley viene a saldar un déficit que comlpicaba a los jueces a la hora de tener que dar un fallo sobre algua fábrica recuperada. Es decir, no existía una base legislativa sobre la cual pudieran apoyarse para permitirle a las cooperativas mantener sus puestos de trabajo. A partir de esta sanción se le podrá dar una respuesta a los aproximadamente 15000 trabajados que se encuentran trabajando en unas 280 fabricas.
Otro tratamiento que se permitió ayer el Congreso, es el relativo a la ley contra el lavado de dinero. Con 61 votos a favor y dos en contra, la ley permite poder condenar a una persona por lavado de dinero sin necesidad de establecer primero que sea narcotraficante, es decir que el lavado era sólo considerado como encubrimiento de otro delito. El GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, presionaba con la amenaza de sanciones en el caso de que no fuera aprobada pronto esta ley.Los votos en contra pertenecieron a los peronistas (?) disidentes Adolfo Rodríguez Saá y Roberto Basualdo. A diferencia de lo que algunos opositores quisieron instalar, la iniciativa fue presentada por el Kirchnerismo, y la Presidenta de tod@s l@s argentin@s, Cristina Fenández de Kirchner había reclamado su tratamiento cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso en marzo de 2011. La ley ya quedó aprobada y constituye un avance más en la búsqueda de un sistema legal que realmente responda a las necesidades actuales de control del lavado de dinero.
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